Reformas de Bachelet: poner marcha atrás

Tomás Flores

Durante las discusiones del proyecto de presupuesto 2025 se acordaron dos temas relevantes para el sector educación. El primero es la modificación del actual sistema de admisión escolar (SAE), comúnmente denominado “la tómbola”, de manera que sea reincorporado el mérito del alumno en la postulación al colegio de su preferencia. Este cambio sería de carácter permanente y significa revertir una discutida reforma impulsada por la administración Bachelet. En segundo lugar, se acordó pausar, como ya ocurrió el año pasado, el proceso de traspasos de colegios municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), al mismo tiempo que se refuerzan las capacidades para un proceso que ha exhibido una serie de complejidades. Esta pausa rige durante el año 2025 y da tiempo para un análisis más profundo, sin que exista aún un compromiso de una puesta en reversa de la reforma, como se acordó con el SAE.

“La reforma de 2014 no solo recaudó menos de los proyectado; también habría generado la caída en la tasa de inversión. Notables fueron las de 1997, con 29%, y 2012 con 27% del PIB, en contrastre con el 23% de la última década”.

Pues bien, otra reforma estructural implementada durante la administración Bachelet fue el alza de los impuestos y la eliminación sustancial de los incentivos al ahorro-inversión que tenia el sistema tributario anterior. La reforma tributaria del 2014 elevó, en forma gradual, la tasa del impuesto a las empresas desde 20% a 25%, y eliminó parcialmente la integración existente entre el impuesto de primera categoría y el impuesto global complementario de los dueños de las empresas. Basta recordar que, en 1990, la tasa de impuesto corporativo era 10% sobre las utilidades retiradas, por lo cual las utilidades reinvertidas no pagaban impuesto hasta que fuesen retiradas más adelante. Las utilidades retiradas, por su parte, pagaban 10% y lo pagado era crédito tributario completo al global complementario de los dueños.

Tal como fue advertido en ese momento, el alza de la tasa de impuesto genera la caída de la tasa de retorno proyectada de todos los proyectos en Chile, lo cual trunca los proyectos de retorno más bajo, por lo cual no se realizan, con lo cual el monto invertido en la economía comienza a ser cada vez más bajo. La segunda consecuencia es que la reducción del incentivo a reinvertir las utilidades afecta en mayor grado a empresas más pequeñas, en donde la reinversión es la principal fuente de financiamiento para el crecimiento del negocio, dado que el crédito comercial es bastante más costoso. En las empresas grandes, incentivaría el apalancamiento vía deuda, lo que genera una mayor fragilidad corporativa para los episodios recesivos como los observados en los últimos años.

La reforma de 2014 no solo recaudó menos de los proyectado, sino que también habría generado la caída en la tasa de inversión que se ha observado durante la última década. De hecho, entre 1990 y 2014, de cada $ 100 producidos, cerca de $ 25 eran invertidos. Notable fueron las tasas de inversión de 1997, con 29%, y de 2012 con 27% del PIB. Esto contrasta con lo observado la última década, con una tasa en torno a 23% que, de hecho, es el guarismo con el que cerraremos este año.

De esta manera, creo que también es necesario poner reversa a esta reforma de Bachelet, tal como está ocurriendo con las realizadas en educación y como posiblemente ocurrirá con el sistema electoral. Es este caso es necesario iniciar con la reducción de la tasa de impuesto corporativo, reconstruyendo la integración plena, reactivando el incentivo a la reinversión, con lo cual la conducta de las compañías comenzaría a cambiar rápidamente, revirtiendo así el estancamiento que tenemos en la actualidad.